Este año se cumple el trigésimo aniversario de la Constitución de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que nació el 20 de mayo de 1986, fruto de un acuerdo entre el Instituto Nacional del Consumo, la Comunidad de Madrid, el propio Ayuntamiento de Madrid y diversas Asociaciones de Consumidores y Organizaciones Empresariales.
Las Administraciones Públicas tenemos la obligación de facilitar a los consumidores el acceso a la justicia y crear los cauces y procedimientos alternativos eficaces para resolver las especiales características de los conflictos de consumo.
De este deber legal nació el arbitraje de consumo como sistema extrajudicial, eficaz y económico de resolución de los conflictos que pudieran surgir, por desacuerdos en sus transacciones comerciales, entre consumidores o usuarios y empresarios/profesionales vendedores o prestadores de servicios.
Desde su creación y hasta este año 2016, la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Madrid ha gestionado 53.557 solicitudes de arbitraje y se han celebrado un total de 23.678 vistas arbitrales, siendo 2.811 el número de empresas y profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo a través de esta Junta Arbitral.
De la experiencia acumulada, por parte de todos los agentes involucrados en el procedimiento arbitral durante estos treinta años de funcionamiento de la Junta Arbitral Municipal, puede afirmarse que la Institución arbitral constituye una alternativa de vanguardia en la defensa de los derechos de los consumidores, y una garantía añadida para los empresarios en su tráfico comercial.
Madrid, como todas las grandes ciudades, es extraordinariamente dinámica. Cada día los ciudadanos y las empresas ofertan y demandan productos y servicios. Nuestro compromiso como Administración más cercana a los ciudadanos es garantizar que lo sigan haciendo, de una manera activa, pero a la vez respetuosa con la ciudadanía y con sus derechos.
En estos años la sociedad de consumo ha evolucionado notablemente. Hemos asistido a un proceso de globalización de la economía y a un desarrollo de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad. Si bien es cierto que en la actualidad, se ha ampliado la oferta de bienes y servicios para los consumidores, también se han incrementado los riesgos a los que pueden quedar expuestos. Esta nueva realidad plantea la necesidad de adaptar la actuación de la Administración Pública con objeto de lograr una más eficiente protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
A tal fin, hemos centralizado nuestro esfuerzo en la difusión del Arbitraje de Consumo, labor promocional que venimos realizando, entre otros medios, desde el espacio de consumo de la web municipal, a través de la cual los consumidores pueden acceder a una información precisa sobre sus características, requisitos e impresos para la utilización del procedimiento arbitral.
Esta información va dirigida igualmente a los empresarios, al ser de gran importancia la adhesión de las empresas al sistema puesto que la situación ideal es aquella que tiende a que las propias empresas sean las que orienten y dirijan al consumidor hacia el Sistema Arbitral.
Finalmente, cabe indicar que el procedimiento arbitral culmina con la emisión, por parte del órgano arbitral designado, del laudo el cual pone fin a las actuaciones arbitrales y tiene carácter vinculante y ejecutivo, produciendo efectos de cosa juzgada.
En este aspecto y en concordancia con la difusión y fomento del arbitraje de consumo anteriormente indicados, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un espacio web en el que se puede consultar un extracto de laudos, clasificados por materias, emitidos en los últimos años por los distintos órganos arbitrales, que pretende constituir una herramienta de trabajo para los profesionales y un cauce informativo general de la actividad desarrollada por la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid.