El Pleno extraordinario celebrado el pasado martes aprobaba por unanimidad los Acuerdos de la Villa, la hoja de ruta que el Gobierno y todas las formaciones políticas con representación municipal, en colaboración con la sociedad civil, se han fijado para abordar el futuro de esta ciudad en el nuevo escenario que ha dejado la COVID-19.

De las cuatro mesas sectoriales que a lo largo del mes de junio han trabajado en la elaboración de las distintas actuaciones, hoy te contamos la primera, la Mesa Social, desglosándote algunas de sus 169 medidas que giran en torno a cuatro grandes ejes: servicios sociales básicos y emergencia social y alimentaria; vivienda; colectivos vulnerables; y salud, seguridad y emergencias.

Servicios sociales y emergencia social y alimentaria

La demanda de atención social durante la pandemia ha motivado un refuerzo de los servicios sociales sin precedentes: cinco millones de euros para incorporar a 264 nuevos efectivos y poder llegar a muchos más hogares. Y otra medida estrechamente relacionada con este refuerzo: la creación de una Tarjeta de Familia, tarjeta monedero para entregar ayudas de emergencia (alimentarias o de otro tipo) a las personas vulnerables con la mayor agilidad y dignidad. Un dato ilustrador: a mediados de junio los servicios sociales llegaban a diario a 88 000 personas, unos 30 000 hogares, a través de ayudas alimentarias de diferentes modalidades.

También se va a reformar la ordenanza de ayudas económicas, pieza clave para asegurar que las medidas de agilización y dignificación tomadas durante el confinamiento se consoliden como norma. Una campaña institucional visibilizará la Atención Social Primaria para llegar de forma preventiva a personas que desconocen los servicios que ofrece el Ayuntamiento.

Más vivienda y paralización de los desahucios hasta 2021

Sin desahucios hasta 2021. Los acuerdos recogen el compromiso de no iniciar desahucios hasta 2021 y de paralizar los que ya estén en marcha, salvo en los casos que puedan implicar delincuencia o grave conflicto vecinal.

Otro de los principales compromisos es ampliar y proteger el parque público municipal con el horizonte de construir 15 000 viviendas protegidas en alquiler, y la decisión de que ningún suelo ni vivienda públicos puedan ser enajenados.

Además, se establecen nuevas fórmulas para obtener vivienda pública como:

  • La compra de inmuebles privados en el mercado, no solo de particulares sino a través de acuerdos o convenios con la SAREB.
  • Un nuevo programa de alquiler para incentivar a los propietarios de pisos vacíos a sacarlos al mercado y que los futuros inquilinos no paguen de renta más del 30 % de sus ingresos.
  • La reconversión de viviendas turísticas para tratar de incluir en el mercado de alquiler unos 15 000 inmuebles que están vacíos.
  • El desarrollo de nuevas fórmulas de colaboración público-privada para construir vivienda de alquiler a precios asequibles en parcelas municipales con la calificación de vivienda libre.

Líneas de ayudas al alquiler para jóvenes, mayores, familias numerosas y monoparentales o personas con discapacidad,  y un nuevo plan de rehabilitación de inmuebles en una ciudad que tiene más de un millón de viviendas con más de 40 años de antigüedad, son otras actuaciones que van a encontrar un importante aliado en la simplificación de los procedimientos de concesión de licencias para obras de rehabilitación, fundamentalmente las de conservación, eficiencia energética y ascensores.

Colectivos vulnerables

Se va a crear un recurso unificado, las casas de familia, que reúna los servicios específicos (centros de apoyo a las familias, de atención a la infancia, Casa Grande) y poder ofrecer así una atención integral y de mayor calidad. Además, se va a desarrollar una estrategia de conciliación que unifique todas las iniciativas municipales. También se quiere favorecer la educación telemática en escuelas infantiles para que puedan desarrollar actividades online.

Para los mayores se va a crear un equipo de detección de vulnerabilidades por distrito para conocer precozmente casos de violencia, pobreza, soledad…  un aspecto este último sobre el que se va a desarrollar un programa específico en colaboración con Madrid Salud para trabajar la sensibilización, la formación de profesionales y alentar el envejecimiento activo saludable. Además, la teleasistencia, soporte clave en el día a día de los mayores, se va a extender y a reforzar con la incorporación de las últimas tecnologías.

En cuanto a mujeres víctimas de violencia, van a contar con un plan de empleo específico y se va a mejorar la detección de los casos de mujeres mayores de 65 años.

Salud, seguridad y emergencias

La experiencia de la pandemia marca buena parte de las acciones. La primera, la elaboración de un Plan Municipal de Contingencias y de Resiliencia en Epidemias que, a modo de programa piloto, estaría funcionando en dos meses y de forma estable en seis, en el marco de la revisión del Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento (PEMAM).

Madrid Salud va a mantener un punto de diagnóstico para COVID-19 y además, en el plazo de dos meses, se va a crear una reserva estratégica de material sanitario básico (EPI, mascarillas, geles hidroalcohólicos, etc.) para garantizar su suministro a la plantilla municipal y a los usuarios de los recursos municipales asistenciales, al tiempo que en las licitaciones se va a introducir el requisito de que las empresas adjudicatarias provean de EPI a sus trabajadores si la situación lo requiriera.