Quienes llegamos cada mañana a trabajar al edificio de Alcalá, 45 nos encontramos una cara nueva. Junto al arco de seguridad y revisando las cámaras se encuentra ahora una mujer. Es la segunda vigilante del equipo de control del edificio, que acoge el Área de Economía y Hacienda, la de Participación y Transparencia y también es sede de una Oficina de Atención a la Ciudadanía.
Es un cambio pequeño, casi imperceptible, nunca será noticia en un periódico. Pero también es el síntoma de las transformaciones que puede provocar la introducción de cláusulas sociales en la contratación municipal.
El precio más bajo ha dejado de ser el único criterio para adjudicar los contratos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Ahora existen otras condiciones que deben cumplir las empresas a la hora de presentar sus ofertas: el respeto al medioambiente, los derechos laborales, la inclusión de colectivos y también el acceso de mujeres a los puestos de trabajo.
La prestación de los servicios y las compras deben ser de calidad, sostenible, inclusiva y socialmente responsable. Y, por supuesto, tienen muy en cuenta la incidencia positiva sobre las condiciones en que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo.
La llegada de la nueva vigilante, la segunda de un dispositivo integrado por 16 personas, se produce en el contexto de ese compromiso social. Se trata de promover la incorporación de las mujeres en aquellos sectores laborales en los que están infrarrepresentadas y avanzar en la eliminación de los estereotipos y normas sociales discriminatorias que durante demasiado tiempo han limitado su acceso a determinados ámbitos laborales.
Diez puntos para la empresa adjudicataria y dos mujeres vigilantes
El Ayuntamiento estableció en los pliegos de dicho contrato el compromiso de contratar, al menos, a una mujer cuando se produzca la baja en la plantilla de vigilantes o cuando haya nuevas necesidades de personal. Las empresas que lo cumplan obtienen 10 puntos, el máximo para ese criterio. Como hace poco se produjo la baja definitiva de uno de los trabajadores, se ha aplicado la condición y contratado a una mujer. Desempeña exactamente las mismas labores que el resto del equipo.
Comedores, empresas de inserción laboral, atención a la ciudadanía
La incorporación de la nueva vigilante no es, obviamente, el único cambio que han traído las cláusulas sociales, pero a veces ponerle cara a las cosas ayuda a entenderlas mejor. En las escuelas infantiles de la red municipal y en sus comedores se notan ya esos cambios también, como en los servicios de jardinería o de limpieza de juntas y áreas, o en el nuevo pliego de contratación de los servicios de atención a la ciudadanía.
La contratación municipal ya no busca necesariamente optar por la oferta con un precio más bajo, sino que la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral y la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo están por encima del precio. Desde la aprobación de la instrucción 1/2016, se busca, en definitiva, la mejor relación entre calidad y precio.
Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las Administraciones Públicas para conseguir el bienestar de la ciudadanía es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado. Por eso, el Ayuntamiento la ha convertido en una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia.