¿Qué es el TTIP?

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato, a través del Consejo de la Unión Europea, de los Estados miembros de negociar con Estados Unidos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, conocido como TTIP por sus siglas en inglés. A su vez, la UE y Canadá han firmado el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés), cuya ratificación se espera para finales del presente año.

Según la definición del propia Comisión Europea, con el TTIP se trata de «abrir Estados Unidos a las empresas europeas», «reducir los trámites burocráticos de las exportaciones» e «introducir nuevas normas que hagan la exportación, la importación y la inversión en Estados Unidos más fáciles y justas».

Ante la preocupación expresada por la ciudadanía con respecto a que en estas negociaciones el interés comercial de los inversores y las empresas transnacionales prevalezca sobre el interés general, la UE se ha comprometido a llevar a cabo negociaciones bilaterales o plurilaterales, que sirvan de herramienta en favor de un desarrollo sostenible e inclusivo.

¿Cómo puede afectar a los ayuntamientos?

El mandato negociador de la UE sobre el TTIP explicita que “todas las autoridades y entidades de nivel inferior al central (como estados federados o municipios) deben cumplir efectivamente el capítulo de protección de inversiones de este Acuerdo”. Pero la autonomía de las administraciones municipales, reconocida en el artículo 137 de la Constitución Española, debe quedar garantizada.

Esta autonomía es necesaria para que los ayuntamientos, por ejemplo, puedan aplicar criterios de proximidad o de desarrollo sostenible local, o establecer moratorias sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad medioambiental, o restringir el uso de técnicas que se consideren peligrosas para la salud (pesticidas y herbicidas, etc.). Es importante que las medidas tomadas por los ayuntamientos no puedan ser demandadas por inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional privado, ya que dicho mecanismo puede coaccionar la legislación en beneficio del interés público.

Países como Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica o Francia cuentan con cientos de municipios que han aprobado mociones en sus ayuntamientos para pronunciarse sobre el TTIP y el CETA. Esta reacción de importantes ciudades europeas pone de manifiesto la necesidad de mejorar y ampliar el debate público y democrático sobre las expectativas, oportunidades o riesgos si se llega a aprobar este Tratado en el actual marco de negociaciones.

Declaración del Pleno

Proposición presentada por los grupos municipales Ahora Madrid y PSOE, votada en el Pleno del miércoles 25 de mayo de 2016 y aprobada con votos a favor de estos dos grupos, votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

PROPOSICIÓN

  1. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifiesta la necesidad de iniciar trabajos de colaboración con otros distritos y municipios en aras de que se organice un amplio debate público sobre TTIP, CETA y otros acuerdos comerciales con la mayor transparencia y participación ciudadana posibles.
  2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que apoye todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
  3. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifiesta su rechazo al TTIP y CETA hasta que se aseguren las siguientes condiciones:
    • Se garantice que EE UU ratifica los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, ya que hasta la actualidad sólo ha firmado dos;
    • Se garantice que la contratación pública queda excluida de las negociaciones del TTIP y del CETA, de manera que el Ayuntamiento de Madrid pueda decidir libremente el formato de las licitaciones públicas, incluyendo cláusulas para favorecer a PYMES;
    • Se asegure de que EE UU retira las propuestas para que el TTIP permita la entrada de Organismos Genéticamente Modificados en la Unión Europea o se retire el Principio de Precaución, tal y como se muestra en los borradores del texto en vías de negociación filtrados por Greenpeace Holanda;
    • Se garantice que ni TTIP ni CETA permitan ningún tipo de mecanismo por el que empresas extranjeras puedan demandar ante tribunales privados medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid en beneficio del interés público, tales como la decisión para dejar de usar glifosato o la remunicipalización de los servicios funerarios. Solamente un tribunal público, que no discrimine a ninguna empresa, de la nacionalidad que sea, con jueces de carrera cuyo salario sea independiente del número de casos que aborden, permite asegurar una justicia universal;
    • Se asegure la inclusión de una cláusula específica sobre la protección e datos personales.
  4. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de España y en particular, al Ministerio de Economía y Competitividad a:
    • Defender y mejorar la actual política reguladora de la UE y de sus Estados, de manera que no se pierda soberanía en la acción legislativa y sea eficaz para garantizar y defender los estándares europeos en materia social, laboral, sanitaria, alimentaria, de protección al consumidor, al medio ambiente y de los derechos sociales;
    • Que se defienda la máxima transparencia e información en todo el proceso de las negociaciones del TTIP, se facilite el acceso de la ciudadanía a toda la información, no solo mediante la publicidad de los documentos de la negociación sino también a través de guías explicativas, accesibles al público en general, que permita un debate público y debidamente informado en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales; en este sentido, el Gobierno deberá informar debidamente a los representantes ciudadanos mediante comparecencia en el Congreso después de cada ronda de negociación del TTIP, para informar sobre el estado de las mismas;
    • Que defienda la total exclusión de los servicios públicos de interés general, como la salud, la educación, el agua, y los servicios sociales, actuales y futuros del acuerdo, así como los servicios económicos de interés general, independientemente de que se financien de manera pública o privada.