El Presupuesto de Madrid supera los 4.600 millones de euros, que están al servicio de sus 3.165.235 habitantes. De éstos, el 53,5% son mujeres. La principal diferencia entre hombres y mujeres es la asignación a éstas del cuidado de la familia, en particular de la infancia y las personas en situación de dependencia, lo que repercute en menores oportunidades de empleo, participación social, autonomía y salud. La desigualdad es, además, el caldo de cultivo de la violencia de género.

Los objetivos son ambiciosos, por lo que el camino no será corto. Desde el Área de Economía y Hacienda somos conscientes de que es necesario abordar el desafío con humildad y conscientes de las limitaciones del principio. La falta de tiempo hará que el primer análisis, el de los presupuestos de 2016, sea solo parcial. Calculamos que llegaremos a estudiar un 30% de los programas de gasto gracias al apoyo de expertas en la materia.

Se trata de una iniciativa imprescindible para la ciudad de Madrid y para las mujeres y hombres que la habitan. Y por eso esperamos avanzar mucho más rápido en el futuro para que organizaciones sociales, colectivos de mujeres, vecinas y vecinos puedan ayudar a profundizar en ese análisis, señalarnos con el dedo y obligarnos a corregir lo que esté mal. Solo así podremos evitar de verdad que los presupuestos encubran mecanismos de desigualdad bajo una apariencia neutra. Solo así se logrará que el objetivo de igualdad de oportunidades interactúe de manera transversal con los objetivos de cada distrito, área o política municipal.

El análisis de impacto de género debe servirnos para favorecer la autonomía económica de las mujeres, con programas que fomenten el acceso al espacio de trabajo remunerado, a la vivienda, a las ayudas y subvenciones que necesiten. También debe ayudar a potenciar la representación social y política de las mujeres y a conciliar la vida personas, laboral y familiar. Y, muy importante, los presupuestos deben tener en cuenta la imprescindible seguridad para las mujeres.

Perspectiva de género por países

Desde lo estatal a lo municipal. Los Presupuestos del Estado, desde 2009, los de la Junta de Andalucía, desde 2005, y los del Ayuntamiento de Bilbao son algunos ejemplos de la corriente mundial que mencionábamos al principio.

Países europeos como Suecia, Francia, Noruega, Alemania o Suiza elaboran presupuestos en clave de género. Sobresale el proceso sueco, que comenzó en 2003 y afecta a las 45 áreas de políticas públicas y a 230 unidades administrativas. O el de Escocia (Reino Unido), donde un grupo independiente que no recibe dinero público, el Scottish Women’s Budget Group, asesora al Gobierno y al Parlamento. Realiza anualmente un análisis para mejorar el gasto público teniendo en cuenta las diferentes situaciones de mujeres y hombres ante los servicios de salud, vivienda, educación y transporte. En Italia, la región de Emilia Romagna aplica a sus presupuestos la auditoría de género basada en el enfoque de capacidades, es decir, las oportunidades que tiene una mujer o un hombre para ser y hacer aquello que considera importante para su vida.

Y desde el punto de vista mundial, en Australia cada ministerio analiza la totalidad del gasto de su presupuesto anual con relación a los objetivos gubernamentales de igualdad de género. Sudáfrica trabaja sobre muchos datos desagregados por sexo e indicadores de género. Ecuador analiza desde 2011 en qué, quién, cuánto y para qué hay recursos en su Plan de Igualdad. En Nepal el Ministerio de Finanzas introdujo los presupuestos con perspectiva de género en su reforma presupuestaria de 2007 con apoyo de ONU Mujeres. En México, las organizaciones de la sociedad civil iniciaron el proceso de análisis del Presupuesto para atender las necesidades y demandas de las mujeres, logrando incrementar los recursos sanitarios.

Añadir el enfoque de género en las cuentas públicas nos hace reflexionar sobre la necesidad de cambiar la distribución de los recursos para acabar con la discriminación. Además, los informes de impacto de género son una buena herramienta para cumplir el artículo 9.2 de la Constitución, por el que los poderes públicos deben promover la igualdad real, remover los obstáculos que la dificultan y facilitar la participación de las mujeres, así como de aplicación de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer (CEDAW) ratificada por España y que concierne también a los ayuntamientos.