Eran las diez de la noche y estaba llegando a casa después de pasar la tarde del domingo con la familia, intentaba aparcar. Sonó el teléfono, paré el coche y vi que me había llegado un mensaje alertándome de algo que estaba ocurriendo en el distrito, algo que me espantó y me extrañó; era imposible, necesariamente debía tratarse de un error. Por lo que me transmitían unas vecinas de la zona y miembros de la asamblea de vivienda del distrito, la Policía Nacional acababa de desalojar a una familia con un niño de 15 meses, una familia a la que se había dejado en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.
Tan sólo el hecho de que hubiera podido producirse un desahucio me preocupaba, pero la situación era especialmente llamativa, dado que, por lo que nos contaban vecinos y vecinas, el desalojo se había producido sin una orden judicial y se estaba dejando en la calle a un familia con un niño enfermo un domingo por la noche; el espanto.
Inmediatamente nos acercamos a la zona el Concejal Delegado de Seguridad, Javier Barbero, y yo, como Concejala del Distrito, junto con una patrulla de la Policía Municipal. Dimos orden de que se desplazara un operativo de Samur Social para atender a los afectados. Ni la Policía Municipal ni el Ayuntamiento tenían conocimiento de lo que acababa de ocurrir. Nuestra primera preocupación fue que la familia tuviera todo lo necesario y recibiera atención de los servicios sociales, que tuvieran al menos un lugar adecuado en el que pasar la noche.
Estábamos en medio de un clima de preocupación vecinal, con varias personas que se habían acercado a la puerta del edificio para interesarse y ayudar en lo que pudieran. Mientras tanto, la familia estaba siendo atendida por los profesionales del Samur y nosotros empezábamos a componer un relato coherente a partir de las distintas piezas del puzle que lográbamos encajar.
El relato es tan prosaico como triste: el propietario de una vivienda no puede abrir la puerta porque han cambiado la cerradura y llama a un cerrajero para poder acceder a su propiedad. Cuando lo hace, comprueba que en el interior de la vivienda, en la que no había nadie en ese momento, hay enseres que demuestran que alguien está viviendo en su propiedad, y se decide llamar a la Policía. Según la información que nos han relatado, la familia que habita la casa llega y ve con sorpresa y aturdimiento cómo un desconocido y la Policía están dentro.
Hoy me he reunido con el padre de la familia desalojada, que quería acudir a la Comisaría para denunciar lo ocurrido. Le he acompañado para que no estuviera solo y para tratar de mediar en la situación, de tal forma que la familia pudiera recuperar las pertenencias que se habían quedado dentro de la casa gracias a la buena voluntad de todas las partes. El padre venía con el niño, al que no tiene con quien dejar mientras su madre está en el trabajo. Éste representa los ingresos más estables que recibe la familia, no pueden permitirse perderlo. Desde que llegaron a España, y pese a que él es un trabajador cualificado, no ha logrado estabilizar su situación laboral y por lo tanto económica.
Él está preocupado porque hoy empezaba una suplencia de 20 días y se había hecho la ilusión de que, si lograba generar una buena impresión, quizás esta pudiera convertirse en un trabajo estable, que le permitiera dar a su mujer y su hijo una vida mejor. Cree que eso ahora está perdido. Debido a su procedencia y a su inestabilidad económica no habían logrado acceder a una vivienda en un régimen de alquiler normal, nadie les fiaba y ellos tienen pocos ingresos. Por eso, cuando alguien les propuso entrar a vivir en una casa que decía que era suya, a cambio de una cantidad que podían permitirse pagar, aceptaron sin un contrato por escrito.
Esta es una situación que se repite en demasiadas ocasiones y con demasiadas familias, casi como un patrón organizado, como un negocio perfectamente establecido. Y es que la necesidad y la desprotección son el caldo de cultivo idóneo para las mafias. Una realidad cada vez más evidente, que no es sino una más de las consecuencias del modelo inmobiliario como negocio que no toma en cuenta el derecho a la vivienda.
Con independencia de cómo acabe todo esto y de cómo podamos ayudar desde el Ayuntamiento, me quedo con unas cuantas preguntas que me no me dejan tranquila: ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad una familia humilde y trabajadora no pueda ganarse la vida y salir adelante? ¿Qué política se ha hecho para que, en lugar de ayudar a la gente, tengamos un modelo que parece diseñado para retener a los más desfavorecidos en la pobreza y la exclusión? ¿Cómo es posible que estas mafias actúen con impunidad mientas tanta gente sufre por ello?
Ahora llega el turno del Área de Gobierno de Derechos Sociales, los servicios sociales, que no funcionarían si no fuera gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, que asumen la carencia de recursos con horas y entrega. Trabajadoras y usuarios que se tendrán que enfrentar a procedimientos diseñados para expulsar al usuario del sistema de servicios sociales en lugar de darle una atención efectiva. Algo que sin duda debemos cambiar cuanto antes. La administración debe dejar de ser un martillo que golpea al más débil para ser una mano tendida a quien está en el suelo.
Una última pregunta: ¿no habría sido mejor remediar las razones que dan lugar a esta situación para evitar que llegue a ocurrir? Por suerte alguien pasaba por ahí, por suerte alguien avisó de lo que estaba viendo: una familia se quedaba en la calle. Por suerte se corrió la voz, por suerte recibí ese mensaje. Pero la suerte sin más no existe, la suerte es la respuesta de una sociedad organizada que ha demostrado estar a la altura del momento de necesidad que vivimos. Ahora hay que desarrollar una institución a la altura de esa sociedad, para que las cosas no dependan de que alguien pase por ahí.