El Ayuntamiento de Madrid destinó 6,3 millones de euros durante el año 2021 a contratos socialmente responsables, es decir, aquellos reservados para organismos que tienen por objeto la integración de personas con discapacidad o en situaciones de exclusión social. La delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha dado a conocer estos datos como parte del balance del Plan de reserva de la contratación 2021 que ha presentado a la Junta de Gobierno reunida esta mañana.
A lo largo de 2021, el Ayuntamiento suscribió 57 contratos con centros especiales de empleo de iniciativa social y con empresas de inserción, lo que representa el 3,9 % de la contratación total elegible, según ha explicado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Este dato supera en más de un 1 % el porcentaje establecido de reserva para los contratos del Ayuntamiento de Madrid, incluidos organismos autónomos y entidades del sector público municipal, que para ese año era de un 2,75 %.
Tanto el pasado ejercicio como los precedentes, en el Plan de reserva han predominado los contratos de servicios vinculados a mantenimiento, limpieza, jardinería y mensajería, así como los de actividades auxiliares de información y control en el acceso de edificios.
Reserva consolidada en 2022
El Gobierno municipal acordó, a finales del pasado año, aumentar el porcentaje de reserva para este tipo de contratos hasta el 3 % en el ejercicio 2022, lo que se traduce en 58 contratos por un importe de 8,1 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid ha venido incrementado el porcentaje de reserva para contratación socialmente responsable, para centros especiales de iniciativa social y empresas de inserción, a lo largo de los últimos siete ejercicios. Concretamente, en el año 2016, se aprobó el 0,5 %; el 0,6 % en 2017; el 0,7 % para 2018; el 2 % en 2019; el 2,5 % en 2020; el 2,75 % en 2021 y el 3 % para 2022.
Centros especiales de empleo y empresas de inserción
Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos en los que el 70 % o más de su plantilla está constituida por personas con una discapacidad igual o mayor del 33 %. Además, estos centros deben estar promovidos y participados en más de un 50 % por entidades que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Por último, están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
Las empresas de inserción son aquellas empresas o sociedades que realicen una actividad económica cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que estén reconocidas y calificadas como tales por la Comunidad de Madrid. /