La Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este jueves la reunión de su Consejo Rector, en el que se ha presentado el informe de gestión relativo al año 2025. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado que a lo largo del año pasado se ha mantenido e incluso mejorado la tendencia positiva de 2024 en lo que se refiere al control y ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT), tras las medidas impulsadas por el Gobierno municipal en este ámbito. A lo largo de los 12 meses de 2025, el Ayuntamiento de Madrid logró que 323 viviendas de uso turístico ilegales volvieran a destinarse al uso residencial. Esto supone un 10,2 % más que en 2024, año en el que se consiguió que 293 VUT sin licencia recuperaran su uso residencial. Si se compara el balance presentado hoy con los datos de 2023, la conclusión es que, en 2025, se logró devolver al uso residencial un 33 % más de VUT ilegales que hace dos años, antes de la puesta en marcha de una batería de medidas en esta materia.
El cambio de tendencia arrancó en abril de 2024, con la activación por parte del Ayuntamiento de Madrid de un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico. En dicho plan se decidió la suspensión temporal de la concesión de nuevas licencias, se endureció el régimen sancionador para los propietarios de VUT sin título habilitante, se reforzó la plantilla de inspectores y se publicó el listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad con el detalle de su ubicación, a lo que se unieron dos herramientas clave. En primer lugar, el Plan de Inspección Urbanístico situó las viviendas de uso turístico como una de sus líneas de acción preferentes y en su primer balance realizado el pasado mes de febrero, arrojó cifras muy positivas: el número de viviendas inspeccionadas en 2025 se triplicó respecto a 2024 -al pasar de 567 a 1.526- y el de viviendas detectadas se duplicó, pasando de ser 623 en 2024 a 1.351 en 2025).
En segundo lugar, en septiembre de 2025 entró en vigor el Plan RESIDE, una herramienta diseñada con el doble objetivo de proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales.
En el balance anual ofrecido respecto a las viviendas de uso turístico, el Servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades recibió 1.408 denuncias relativas a VUT, un 9 % más que en 2024. Pese a ese repunte, el informe señala que el número de viviendas denunciadas es menor que en 2024, ya que ese año se recibieron varios escritos de asociaciones de vecinos sobre centenares de viviendas.
En 2025, se impusieron 117 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. Se trata de un 27 % más que en 2024. De esas sanciones, siete han sido por valor de 20.000 euros 110 han sido por valor de 30.000 euros cada una y una sanción ha sido por valor de 60.000 euros. Asimismo, se impusieron 144 multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros.
Tal y como señala el informe, el balance que dibujan estos datos demuestra que la actuación frente a las VUT irregulares es global, al iniciarse “con el cese de las viviendas que no cumplen con la legalidad y continúa con la imposición de multas coercitivas y sanciones, cuya tramitación ha tenido como resultado un elevado porcentaje de restablecimiento de la legalidad, al cesar el uso turístico en las viviendas”.
El tiempo medio de resolución de licencias sigue bajando
Respecto a las licencias residenciales, su concesión el pasado año se incrementó un 41,3 % respecto a 2024. En los últimos años, la concesión de licencias ha permitido la activación de una media de 10.000 viviendas nuevas. La tendencia al alza en la concesión de estas licencias en los dos últimos años -al incremento del 41,3 % en 2025 se suma el 15 % de 2024, respecto a 2023- elevará esa media hasta el entorno de las 14.000 viviendas nuevas de media al año.
En lo que afecta a las licencias de actividad correspondientes a 2025, se registraron 2.818 solicitudes y se concedieron 2.746, un 16 % más que en 2024.
La Agencia de Actividades consolidó en 2025 la tendencia que le permite resolver los expedientes de licencia en menos tiempo. El pasado año, ese plazo quedó fijado en 118 días de media. Esto supone una reducción del 39,8 % respecto al año 2019, cuando se tardaba de media en esa misma gestión 196 días. La mejora en este terreno sobre los datos de 2024 es del 17,5 %, cuando el tiempo medio de resolución de estos expedientes se situó en los 143 días.
Consolidación clara de las declaraciones responsables
A lo largo de 2025, se registraron 10.483 declaraciones responsables urbanísticas, una cifra muy similar a la de 2024 (10.784). De las 10.829 declaraciones responsables cuya comprobación final concluyó el pasado año, el 82,9 % (8.978) fueron identificadas como eficaces, lo que implica que estaban conformes a lo previsto en la normativa. El hecho de que esta cifra fuera del 79,5 % en 2024 y del 76 % en 2023 incide en la progresiva consolidación de la figura de la declaración responsable como un instrumento ágil y eficaz en la gestión urbanística.
La entrada en vigor, en junio de 2022, de la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid (OLDRUAM) y la consiguiente unificación del marco jurídico en materia de medios de control urbanístico amplió los procedimientos tramitados por la Agencia de Actividades e incorporó, además, al ámbito residencial un nuevo agente tramitador: las entidades colaboradoras urbanísticas. Tal y como ya sucedió en 2024, el balance presentado en el Consejo Rector señala que el 59 % de las declaraciones responsables se ha tramitado con intervención de entidades colaboradoras y el 41 % restante directamente por el Ayuntamiento de Madrid.
A partir del momento en el que una declaración responsable se presenta es necesario realizar una comprobación formal (documentación, procedimiento y viabilidad) para identificar las que son eficaces y las ineficaces. Es una prioridad para la agencia dictar las resoluciones de ineficacia en el menor plazo posible, ya que el solicitante puede ejercer la actividad desde su presentación. Tras la comprobación formal, se realiza la inspección de las eficaces con el objetivo de corroborar que la actuación ejecutada y la puesta en funcionamiento se ajusta a la normativa urbanística. /