La contratación pública debe basarse en la calidad, el valor social y la eficiencia frente a la precariedad laboral y las prácticas insostenibles. Representantes de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Santa Coloma, Sabadell, Badalona, Sevilla y Pamplona han firmado hoy, jueves, una declaración a favor de una contratación pública sostenible.
“Los ayuntamientos tenemos una palanca de cambio potentísima que es la contratación” explicó el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, tras la firma de la declaración en Barcelona. En el caso de Madrid se ha avanzado con decretos de cláusulas sociales en los contratos. “Hay un saber muy amplio y avanzado en los municipios que debemos encauzar para que tenga reflejo en la legislación estatal”, explicó Sánchez Mato.
La declaración apuesta por la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las PYMES y promoviendo la economía social y las empresas social y ambientalmente responsables. Una contratación pública que sea transparente, fiscalizable, y que se penalicen las malas prácticas empresariales.
El potencial de la contratación pública ha sido mal aprovechado en los últimos años, generando en algunos casos impactos negativos. Las consideraciones de carácter laboral, social, ambiental o de igualdad de género estaban en un segundo o tercer plano respecto el criterio económico, que era el principal.
El texto también expone que existen dos instrumentos legales para atender estos retos, como son la Declaración del 25 de septiembre de 2015 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Agenda 2030 por el desarrollo sostenible), y la Directiva europea 24/2014 de contratación pública, pendiente de transposición en España.
La declaración advierte sobre el proyecto de ley de contratos del Sector Público que, entre otros temas, no define nuevos procedimientos de contratación, ágiles y eficientes, recorta avances que suponía la norma europea, y no facilita el marco legal necesario para desarrollar una contratación pública responsable.
Para los municipios firmantes existe la oportunidad de generar un nuevo marco legal que permita una contratación como política pública estratégica y coherente con el mandato de la Directiva Europea.
En este sentido, las ciudades que han firmado hoy abren la declaración al resto de municipios que se quieran adherir./
