La concejala de Arganzuela, Rommy Arce, ha visitado hoy a las familias alojadas por el servicio de atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial. El programa, que arrancó a finales de julio de 2018 con un presupuesto de casi 300.000 euros y una duración de dos años, tiene como objetivo atender casos de pérdida o precariedad de la vivienda que requieran de acompañamiento social y asesoramiento jurídico en materia de vivienda y/o necesiten acceso a alojamiento temporal en el distrito, proporcionando el soporte profesional, técnico y material necesario en su propio barrio.
“En los últimos años, nuestros servicios sociales se han encontrado con nuevos perfiles de vecinos y vecinas que por primera vez se encuentran sin recursos económicos para afrontar el pago de necesidades básicas como las relacionadas con la vivienda habitual”, ha señalado Arce, que ha aprovechado para recordar que 2018 ha sido el año con mayor número de desahucios en España, con una estimación de más de 70.000 para final de año.
Además, este programa es pionero en la detección de situaciones de personas y familias que se encuentren en alojamientos ocupados de forma irregular y que son discriminados a la hora de solicitar ayudas, con el fin de normalizar su situación habitacional y darles la posibilidad de solicitar ayudas al alquiler, gastos de vivienda y pago de suministros.
Atención sociojurídica alojamiento temporal
En concreto, el programa consta de dos servicios específicos. Uno de atención sociojurídica, dirigido a personas derivadas desde servicios sociales que necesiten orientación jurídica en materia de vivienda así como atención individual/familiar socioeducativa y de acompañamiento social.
Este servicio cuenta con un abogado, una trabajadora social y dos educadoras sociales que ofrecen apoyo de mediación ante situaciones de impago de vivienda, interlocución con comisiones judiciales, desahucios y/o situaciones de ocupación de inmuebles e incorporación a programas de búsqueda laboral.
El otro servicio, de alojamiento temporal consiste en 24 plazas en alojamiento compartido dirigido a personas derivadas desde servicios sociales por un periodo inicial de seis meses prorrogable por otros seis, para prevenir situaciones de exclusión residencial. Este servicio cuenta con seguimiento de cada unidad familiar, valorando la adaptación al recurso, la convivencia y la búsqueda activa de alternativas residenciales.
Desde su arranque, se han cubierto la totalidad de las plazas. Actualmente, se aloja a siete unidades familiares, con las que se realiza un trabajo durante su estancia en distintos ámbitos (socioeducativo, formativo-laboral, jurídica, autonomía personal, salud y familiar), incidiendo en cada caso en las más necesarias para favorecer sus condiciones de acceso a una vivienda, pública o privada, por sus propios medios.
Además, el programa contempla una línea de trabajo de dinamización comunitaria y actividades grupales para las personas beneficiaras de esta ayuda como sesiones de información sobre diferentes recursos de vivienda y empleo./