Desde hace tiempo, la responsabilidad social corporativa es una exigencia consolidada en el entorno empresarial y un compromiso capital en el ámbito de la Administración pública. Construir una sociedad mejor pasa por garantizar el derecho al trabajo a todas las personas para evitar brechas sociales o ahondar en la vulnerabilidad de aquellas personas con algún tipo de discapacidad o con mayor riesgo de exclusión social. Superar ese reto pasa por crear un modelo de contratación pública responsable que dé respuesta a las transformaciones, necesidades y diversidades sociales que están en permanente evolución y que, como es lógico, tienen un reflejo en el mercado laboral.
Hay muchas formas de promover este compromiso y uno, fundamental, es el desarrollo de políticas dirigidas a aquellas empresas del tercer sector que trabajan por y para la inserción laboral de las personas con discapacidad o en riesgos de exclusión social.
Cada año, más contratos responsables
A finales de 2021, la Junta de Gobierno daba un paso al frente al aprobar la reserva del 3 % del importe de los contratos que adjudicara en 2022 el Ayuntamiento de Madrid, incluidos sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal, para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.
Este acuerdo se traduce, para 2022, en 58 contratos por un importe de 8,1 millones de euros, lo que supone un incremento notable con respecto al ejercicio anterior en el que el Ayuntamiento de Madrid destinó 6,3 millones de euros a este tipo de contratos socialmente responsables.
Este aumento sigue la línea ascendente iniciada hace siete años, cuando el ayuntamiento empezó a incrementar el porcentaje de reserva para contratación socialmente responsable para centros especiales de iniciativa social y empresas de inserción. Concretamente, en el año 2016, acordó reservar el 0,5 %; el 0,6 % en 2017; el 0,7 % para 2018; el 2 % en 2019; el 2,5 % en 2020; el 2,75 % en 2021 y el 3 % para 2022.
Primero, las personas
El mercado laboral cuenta con diferentes modelos de empresa social que ofrece oportunidades de empleo digno a las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. Y el Ayuntamiento de Madrid ha realizado una apuesta sólida para contribuir al desarrollo de esta economía solidaria al reservar un porcentaje de sus contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
Los centros especiales de empleo de iniciativa social son aquellos organismos cuya plantilla está compuesta, al menos, con un 70% de personas con discapacidad y que, además, están promovidos y participados en más de un 50 %, directa o indirectamente, por entidades, públicas o privadas, sin ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus estatutos. Además, estos centros están obligados a la reinversión íntegra de sus beneficios para la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
Por otro lado, las empresas de inserción son aquellas empresas o sociedades que realicen cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario y que estén reconocidas y calificadas como tales por la Comunidad de Madrid. /