Los hábitos de consumo reflejan qué valores e intereses persigue cada persona, organización social, empresa o entidad pública. Así, podríamos percibir como coherente la actitud de una empresa que declara su apoyo a políticas de respeto de los Derechos Humanos y, por ende, exige a sus proveedores el cumplimiento de códigos de conducta que garanticen el respeto a los derechos laborales básicos, algo que le puede animar a consumir sus productos o servicios. Por el contrario, si no existiera coherencia entre discurso y praxis se consideraría incoherente dicha política y se generaría un halo de desconfianza y descrédito entre la ciudadanía.
La administración como ejemplo de buenas prácticas
Dotar de coherencia a la gestión pública y atender a las demandas ciudadanas es lo que ha llevado en los últimos veinte años a que muchas administraciones públicas impregnen su gestión de actitudes y hábitos responsables. Una de las principales políticas que destacan en este ámbito es la de la contratación y compra pública. Representa entre el 15 y el 20% del PIB en la mayoría de países de la UE, y en España en torno al 18%, lo que demuestra su gran potencial para incidir en procesos de cambio social y modelo de desarrollo en caso de que fuera una política coordinada.
Cuando la contratación pública incorpora estos criterios hablamos de compra pública sostenible o responsable, que puede tener distintas dimensiones:
- La compra verde es la que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental de todo el ciclo de vida de un producto o servicio.
- La compra social es aquella que tiene en consideración de criterios para la protección de grupos en riesgo de exclusión y mejoras en las condiciones laborales de los/as trabajadores/as que participan directamente de los contratos.
- La compra ética es la que atiende a las condiciones en las que se ha producido o fabricado un bien en terceros países
Aunque es una política que debiera ser atractiva para las administraciones públicas (y el sector público en general) por su complementariedad e impacto con otras políticas, no son muchas las entidades que gestionan sus contratos desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Así, son muchos los esfuerzos que durante los últimos años organizaciones como la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), la Confederación Española de Empresas de la Economía Social (CEPES) o las propias organizaciones ecologistas han hecho para que el sector público considere criterios de sostenibilidad en sus contratos. Esta incidencia ha posibilitado el desarrollo de buenas prácticas que han demostrado que sí se puede utilizar la contratación pública para garantizar más sostenibilidad ambiental y justicia social.
Solo se necesita voluntad política
En este contexto los movimientos sociales y la ciudadanía tenemos la obligación de seguir demandando a las entidades del sector público que den coherencia a su gestión y consideren criterios de sostenibilidad en sus contratos.
En conclusión, la contratación pública debe ser, en el corto plazo, una política con la que se promueva una mayor justicia social incidiendo en un cambio profundo de nuestro paradigma de desarrollo, ya caduco. Debe utilizarse para iniciar y potenciar procesos de descentralización económica (relocalizando la actividad económica en el entorno local), promover una gestión más sostenible y democrática de los recursos naturales que nos permita afrontar el inminente colapso energético, económico, etc. y como forma de garantizar relaciones sociales y económicas basadas en valores como la cooperación, la inclusión y la solidaridad.