La comisión conjunta de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y Salud, Seguridad y Emergencias, celebrada esta mañana miércoles 30 de enero, ha suspendido la tramitación de la propuesta de ordenanza contra la prostitución del grupo municipal socialista. PP y Ciudadanos votaron en contra, y Ahora Madrid se abstuvo.
El Gobierno municipal de Ahora Madrid había interpuesto 43 enmiendas. Unas enmiendas que estaban basadas en dos informes de la Asesoría Jurídica. De ellos se desprendía que algunos artículos del texto elaborado por el grupo socialista no concuerdan con las competencias municipales.
Desde el equipo de Gobierno se discutía, además, la adecuación de una política punitiva, como es el establecimiento de la sanción para la prostitución, porque se trata de un problema social y de derechos humanos. Para el Área de Políticas de Género y Diversidad, la ordenanza no tiene por objetivo garantizar derechos para las mujeres que ejercen la prostitución, sino que “limita los derechos de las mujeres y las criminaliza”.
En Madrid ya existe desde 2015 una norma que sanciona el ejercicio de la prostitución: la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC). Una ley que, para la delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, tiene “unas consecuencias negativas para las víctimas de trata y las mujeres que ejercen la prostitución. Las desplaza a ambientes más inseguros y dificulta enormemente el trabajo de mediación y de identificación de las víctimas de trata”.
Organizaciones sociales, en contra
De hecho, las organizaciones sociales que trabajan en esta materia se han manifestado en contra de la aplicación de medidas punitivas. Ocho de las entidades -Concepción Arenal, Trabae, Aplec, Oblatas Madrid, COGAM, Cruz Blanca, Fundación Atenea y Colectivo Hetaira-, que forman parte de la mesa técnica de prostitución y trata, han elaborado un informe técnico en el que se analiza el impacto de la ordenanza de Alcalá y la LOSC y se expresa la preocupación por la realización de una futura ordenanza en la ciudad de Madrid.
Sus conclusiones son que aumenta el riesgo para las prostitutas, que se han presentado numerosas quejas sobre malas praxis, trato discriminatorio y vejatorio, y que sobre todo repercute negativamente en las víctimas de trata.
A este punto de vista de las entidades sociales hay que sumar el hecho de que los acuerdos internacionales para la prevención de la trata desaconsejan expresamente las medidas punitivas. El grupo de expertos contra la trata del Consejo de Europa (GRETA) señala en un informe de 2013 su preocupación por el enfoque securitario que se emplea en España y hace una referencia explícita en contra de las ordenanzas municipales que implican sanción.
Competencias impropias en el ámbito local
Las enmiendas que ha presentado Ahora Madrid se fundamentaban en sendos informes de la Asesoría Jurídica. Algunas hacían referencia a competencias que son impropias del ámbito local. Por ejemplo, la ordenanza socialista proponía la retirada de publicidad sexista, pero la regulación sobre esta materia depende de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, la ordenanza planteaba regular la libertad sexual, cuando se trata de un derecho fundamental recogido en la Constitución que ha de ser regulado por Ley Orgánica, o formulaba la atribución de competencias del pleno a asuntos que son propios de la Junta de Gobierno.
Conceptos erróneos o imprecisos
Otro bloque de enmiendas hacía referencia a la utilización de conceptos jurídicos de manera errónea o incorrecta. A lo largo de la ordenanza se utilizaban como sinónimos conceptos que no lo son, como explotación sexual y prostitución. Y también se empleaban otros que no se encuentran recogidos en el ordenamiento jurídico nacional o internacional.
Al tratarse de una norma que restringe derechos y genera obligaciones, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid considera que conviene utilizar con claridad y precisión los conceptos que posteriormente van a ser aplicados por la ordenanza.
Arbitrariedad y falta de seguridad jurídica del régimen de sanciones
La ordenanza proponía la creación de un régimen de sanciones a la prostitución, la obligación ciudadana de denunciar las conductas recogidas en la ordenanza y la capacidad inspectora y de cierre cautelar del Ayuntamiento de Madrid de locales en los que se presuman estas conductas.
Las enmiendas del equipo de Gobierno, sustentadas sobre los informes de Asesoría Jurídica, van orientadas a actuar en el marco de las competencias municipales y a garantizar la seguridad jurídica de mujeres y hombres en el espacio público que puedan ser denunciados por el procedimiento que prevé la ordenanza.
Plan contra la trata
El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en el mes de julio de 2018 un ‘Plan Operativo contra la trata de mujeres y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución’. Con él se quiere mejorar la detección, atención integral y protección de las víctimas de trata y prostitución coercitiva, así como los derechos de otras mujeres en contextos de prostitución.
Tiene una vigencia de tres años (2018-2020) y cuenta con un presupuesto de más de cinco millones y medio de euros. Entre las iniciativas que se llevarán a cabo, destacan la creación de un centro de emergencia, el fomento del empleo, acceso a la vivienda pública, campañas de prevención y de educación afectivo-sexual.
Las medidas de la ordenanza propuesta por el Grupo Municipal Socialista relativas a sensibilización, educación y atención a las mujeres ya están contenidas en este plan operativo. Para el Área de Políticas de Género y Diversidad, este proyecto es más “ambicioso” y compromete al Ayuntamiento en el trabajo contra la trata y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.
La ordenanza es el resultado de un proceso de intercambio y aportaciones de todas las entidades especializadas en atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras organizaciones sociales, los grupos políticos del Consistorio y las propias mujeres.
Ordenanza contra la violencia machista
El pasado 24 de enero, el Gobierno municipal, a través del Área de Políticas de Género y Diversidad, dio luz verde a la elaboración de una ordenanza para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias machistas.
La ordenanza, pionera en España, traspone al ámbito local los principales compromisos y obligaciones recogidos en la normativa internacional, nacional y autonómica. El borrador de ordenanza destaca por sus innovaciones normativas. En primer lugar, abarca todas las formas de violencia contra las mujeres: la de pareja o expareja, la violencia sexual, los feminicidios u homicidios por motivos de género, la trata de mujeres y niñas, la explotación de la prostitución y otros abusos de derechos humanos en este contexto, el matrimonio precoz y la mutilación genital femenina.
Con ella se garantizará el desarrollo de las principales competencias municipales en materia de violencia machista y el derecho a la asistencia integral y de calidad de las víctimas. /