El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy con los votos a favor de los grupos de Ahora Madrid y Partido Socialista, el dictamen de la comisión de investigación, sobre la operación de venta de 18 promociones de vivienda pública por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión en el año 2013.

Las investigaciones de la comisión se han centrado en el proceso de venta de 1.860 inmuebles correspondiente a las promociones de vivienda púbica, tanto en alquiler como de arrendamiento con opción a compra, al Fondo Fidere, Patrimonio Socimi, filial de Blackstone. Tras las mismas, el documento final de la citada investigación concluye que la venta incumplió la legalidad así como la función básica de la EMVS.

Asimismo el citado documento final también recomienda la adhesión al procedimiento penal existente contra ex directivos de la EMVS, la reprobación en Pleno y el estudio de la denuncia ente la Comisión Europea, además de declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de vivienda. Por ello, el actual consejo de la empresa municipal ya ha iniciado el proceso de nulidad, y ha dado audiencia a personas implicadas en la citada operación.

En este sentido ya se ha iniciado el ejercicio de acciones de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas para exigir la devolución de 127,2 millones de euros al Consejero delegado Fermín Osle, a Ana Boterra, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral.

 Conclusiones del informe

  • Incumplimiento de la función de la EMVS: la enajenación de viviendas realizada por parte de la EMVS no sólo incumple, sino que impide el desarrollo de la finalidad básica de la empresa municipal y su fin social. Esta venta sólo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora.
  • La precaria situación económica de la EMVS en base a la cual se justifica la necesidad de la venta de las promociones, no es una situación sobrevenida ni una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general, sino que es el resultado de continuados años de mala gestión.
  • Ausencia de justificación objetiva a la necesidad de enajenación de los inmuebles.
  • Incumplimiento de la legalidad básica: el proceso de venta contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación.
  • Opacidad en las actuaciones preparatorias de la venta de inmuebles: no se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento.
  • Inaplicación de las garantías de solvencia del comprador: nunca se cumplieron las supuestas condiciones de solvencia establecidas presuntamente por la propia EMVS.
  • Quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS: el importe finalmente obtenido por la EMVS de 128,5 millones de euros supuso una pérdida contable de 31 millones de euros para la entidad. Pero el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS sería superior a los 162 millones de euros, es decir, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados, teniendo en consideración los precios oficiales de las VPP y sus anejos fijados en la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, vigente en el momento de la enajenación.
  • Inexistencia de control legal y financiero en la EMVS.
  • Actuación despreciable ante los derechos de los arrendatarios: la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella actuaron con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento.
  • Irresponsabilidad y falso testimonio por parte del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, que faltó a la verdad en su comparecencia ante la comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ocultando la información relativa a la operación de venta de las viviendas.
  • Connivencia por acción y omisión en las irregularidades detectadas por parte de la Comunidad de Madrid, que no sólo no veló por el cumplimiento de las adecuadas normas de control e inspección de las VPP enajenadas sino que colaboró activamente modificando el Reglamento de VPP de la CM, permitiendo este expolio del patrimonio público.

Recomendaciones

Como consecuencia de las conclusiones señaladas, la Comisión de investigación propone las siguientes recomendaciones, que son asumidas por el equipo de Gobierno, responsabilizándose los distintos grupos municipales del control de su cumplimiento.

Las conclusiones de carácter contencioso tendrán que ser, en cualquier caso, previamente negociadas para ser coherentes con los estudios jurídicos y las medidas ya anunciadas. Básicamente son dos:

  1. Interponer querella o adherirse al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS, ampliando el ámbito del proceso contra quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la EMVS en claro incumplimiento de la legalidad, especialmente en lo referido a los señalados artículos 289, 432 a 434, 436 y 404 del Código Penal, por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación respectivamente.
  2. Proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a dichos caudales./