Cuando Manuela Carmena llegó el pasado mes de junio a su despacho de la Alcaldía en el Palacio de Cibeles, descubrió que disponía de 136 metros cuadrados para ella sola. Su despacho era tan grande que le incomodaba sentarse a trabajar en él y, por si fuera poco, contaba con una sala de estar dúplex anexa. A las pocas semanas llamó a uno de los arquitectos municipales para hablar del tema.
Cuando la concejala Marta Gómez Lahoz comenzó a trabajar en el distrito de Barajas descubrió que la Junta Municipal contaba con locales vacíos, mientras pagaba el alquiler de una asociación a cuenta de las arcas municipales. Al poco tiempo se puso a revisar contratos y a negociar con la asociación.
Cuando el concejal Carlos Sánchez Mato tomó posesión de su cargo, descubrió que la sede de su Área, Economía y Hacienda, se encontraba en un edificio de la calle Alcalá que costaba nada menos que 18.000 euros de alquiler al día. También pidió informes acerca de ese edificio.
En el último caso había poco que hacer a corto plazo. El contrato de la calle Alcalá está blindado, como muchos otros del Ayuntamiento.
Pero sí se podía cambiar la situación en el caso de la Alcaldía, del distrito de Barajas y de otras áreas y distritos con el objetivo de ahorrar costes en arrendamientos y optimizar espacio en los edificios de propiedad municipal.
Por eso mismo, Manuela Carmena decidió emprender obras en su despacho y en toda la planta de la Alcaldía. La remodelación ya ha terminado y ahora la alcaldesa ocupa una oficina de unos 30 metros cuadrados, lo suficiente para trabajar y recibir a sus colaboradores. En otras salas y habitaciones contiguas, que estaban infrautilizadas, se han colocado mesas, sillas, ordenadores y clasificadores. Son ahora espacios de trabajo funcionales donde se han instalado empleados municipales.
Por su parte, Marta Gómez rescindió el contrato de alquiler y puso a disposición de la asociación un local vacío en los bajos de un edificio que pertenecen a la Junta del Distrito de Barajas.
Y así hasta 11 millones de euros. Esa es la cantidad que el Ayuntamiento ha reducido en partidas para alquileres en 2016. Los Presupuestos que entraron en vigor el pasado 1 de enero destinan algo más de 29 millones de euros al pago de arrendamientos. Hace un año la cantidad superaba los 40 millones. Esos 11 millones que se podrán dedicar a inversiones sociales en beneficio de la ciudadanía.