El reconocimiento del derecho a la alimentación se remonta a la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH ) de 1948, que proclamó que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación…”.

Casi 20 años después, en 1996, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié en “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación…”, y especificando “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

Han pasado 70 años de la aprobación de la DUDDHH y este derecho sigue siendo sistemáticamente vulnerado en muchas latitudes del planeta. Se estima que 795 millones de personas sufrían de desnutrición crónica en 2014, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de cinco años tienen un peso peligrosamente bajo y una de cada cuatro personas pasa hambre en África.

Nuestra realidad más cercana tampoco es ajena a estos datos. Según el 8º Informe sobre el Estado de la Pobreza 2018 de España elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, en 2017 el 20,6 % de la población madrileña vivía en riesgo de pobreza y/o exclusión social: es decir, más de 1.300.000 personas de la Comunidad de Madrid, 200.000 más que en 2008, no tienen acceso a una dieta saludable y nutritiva.

Este dato contrasta con el hecho de que un tercio de los alimentos se desperdicia a lo largo de la cadena alimentaria, lo que obliga a un urgente cambio de sistema alimentario.

El side event que se desarrolló el 7 de noviembre en el marco del Foro Mundial de Violencias Urbanas abordó esta cuestión de la mano de representantes de diferentes instituciones y movimientos sociales que, desde sus respectivos ámbitos de actuación, han reflexionado y actuado para garantizar el acceso a este derecho.

Datos mundiales sobre alimentación y respuestas de las instituciones

En la primera intervención de la jornada, Patricia Pascau, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la oficina de FAO en España desgranó información muy completa sobre el acceso al derecho a la alimentación en el mundo y las diferentes respuestas que Gobiernos de todo el mundo han dado para hacerlo efectivo. Los asistentes tuvieron ocasión de ver, para ello, este vídeo.

A continuación se extendió en la explicación sobre el programa Fome Cero que el Gobierno Brasileño impulsó en el país en la década de los 2000 y cuyos resultados catapultaron esta política pública como una de las más exitosas en la materia.

A continuación tomó el testigo Lizbet Eugenia Rosas Montero, Directora General de Igualdad y Diversidad Social del Gobierno de la Ciudad de México, que compartió con el auditorio los pormenores del Programa Comedores Comunitarios, una red de más de 500 comedores que ofrecen comidas completas y nutritivas a quien lo solicite por un precio simbólico de 10 pesos y que, además, constituyen una fuente de empleo para quienes trabajan en los comedores, así como para los proveedores de alimentos. Los comedores son un ejemplo de cooperación público-social, toda vez que están gestionados por comités ciudadanos de cada barrio.

En tercer lugar, tomó la palabra Daniel López García, de la secretaría técnica de la Red Estatal de Ciudades por la Agroecología, una red formada por personal técnico y responsables municipales, movimientos sociales y productores comprometidos con el derecho a la alimentación y la recuperación de un modelo agroalimentario productivo y sostenible en su entorno. Participan en la red ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Murcia, Valladolid, Pamplona, Palma de Mallorca, Fuenlabrada, Córdoba, etc. Daniel explicó algunas de las medidas que las diferentes ciudades que participan en la red han impulsado para garantizar el derecho a la alimentación.

Bloque de iniciativas ciudadanas

Carlos Pereda explicó, en nombre de la Plataforma Carta contra el Hambre, los pasos de la lucha ciudadana por reivindicar que el derecho a la alimentación forme parte de la agenda política madrileña. Ramón Palomino, director de gabinete del Área de Equidad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Madrid narró el proceso por el cual el Ayuntamiento de Madrid aceptó sus reivindicaciones y promovió, junto con los Ayuntamientos de Móstoles, Valdemoro, San Fernando de Henares y Rivas-Vaciamadrid una Iniciativa Legislativa Municipal para que el Gobierno regional legisle y desarrolle las garantías de ese derecho.

Consuelo Fernández, de las Escuelas Infantiles Municipales de Madrid explicó los pormenores de la incorporación de menús saludables en la Red Municipal de Escuelas Infantiles, una forma de educar a los más pequeños y a sus familias en hábitos saludables y de prevenir la obesidad infantil.

Adrián Woods y Daniel Liébana, de la Plataforma Vecinal Quinta de Torre Arias, narraron la historia de esta plataforma ciudadana que, durante años, ha luchado para conservar esta finca histórica y por garantizar su uso público y por recuperar sus usos agropecuarios. En este contexto, además, un grupo de trabajadores municipales siembra un huerto cuya producción se dona íntegramente a la despensa solidaria de la Asamblea de Parados del Distrito de San Blas.

Cerraron el encuentro Inmaculada Martín y Youssouf Tessougne, que explicaron los objetivos y el funcionamiento del Huerto Hermana Tierra, un proyecto de formación y empleo promovido por los Hermanos Capuchinos de España para facilitar la integración de personas migrantes que suma al cuidado de la tierra el cuidado de las personas.

El taller o side event está disponible en este enlace.

Ponencias y documentación anexa: