Garantizar el Derecho a la Alimentación Saludable para toda la población es un reto para cualquier ciudad, y en Madrid se ha convertido en un eje de trabajo fundamental. Hoy, 24 de octubre, los ayuntamientos de Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Valdemoro presentan en la Asamblea de Madrid la Proposicíon de Ley de Garantía del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid. Una iniciativa que fue impulsada desde la plataforma ciudadana ‘Carta Contra el Hambre y que se suma a otras actividades este otoño como la presentación del Observatorio Derecho a la Alimentación-España o la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición.
A veces puede parecer que el hambre está a muchos kilómetros de nuestros hogares. Cierto es que la mayoría de los casi 800 millones de personas que no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa, digna, se encuentran en los países empobrecidos. Sin embargo, la insolvencia alimentaria también se vive en nuestras ciudades. Algo tan básico como poder alimentarse adecuadamente, no está al alcance de casi un 6 % de la población de Madrid, unas 190 000 personas (informe de Carlos Pereda, 2016), es más, hasta un 16 % de la población vive en riesgo de pobreza y tiene dificultades para cubrir sus necesidades de alimentación.
El derecho a la alimentación, respaldado por la ley
Que los gobiernos integren el Derecho a la Alimentación supone, en palabras de quien fuera relator de Naciones Unidas, Oliver de Schutter, que garanticen el derecho de toda persona a poder alimentarse por sí misma. Es decir “tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.”
Cuando acaba de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, queremos destacar la llegada de la Proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Alimentación a la Asamblea. Supone la culminación de más de tres años de intenso trabajo, que antes llevaron al Ayuntamiento de Madrid a aprobar, en pleno de 27 septiembre de 2017, el ejercicio de su potestad para tramitar la proposición de ley. Se alineaba así no solo con los Derechos Internacionales ratificados por el Estado Español, sino también con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Viene a reforzar a su vez el Plan Estratégico de Derechos Humanos aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 16 de febrero de 2017.
De los movimientos sociales a los ayuntamientos y de ahí a la Asamblea de Madrid
En 2015, 40 organizaciones sociales presentaron la Carta contra el Hambre, para reivindicar que comer es un derecho, y estimaban en 78 millones de euros al año (1,8 % del presupuesto municipal de Madrid) el gasto necesario con el que podría hacerse realidad ese derecho para toda la población. Reconociendo el problema, invitaron a los partidos políticos a suscribir un Pacto contra el Hambre, con el que se situaba en la agenda política el problema de la malnutrición y la desnutrición en Madrid.
Como explica José Ramón García Parada, uno de sus fundadores “En el año 2013 en el pequeño grupo autotitulado comisión de servicios públicos surgido del 15M, se propone el estudio y análisis del reparto de alimentos en Carabanchel. En aquellos momentos el reparto de alimentos ya era bien visible y comenzaba a crear preocupación social. En el mismo 15M habían surgido pequeños grupos de reparto y autoayuda. Se vio que en aquel momento la gente que recibía alimentos alcanzaba al 4 % de la población del distrito. No era un problema que se pudiera abordar a nivel de barrio, así que este grupo se dirige a otras entidades que abordan el problema de la alimentación y reparto de alimentos en Madrid, y a partir de sus primeros estudios y contactos se elabora la Carta contra el Hambre, que sale a la luz pública en el año 2014, agrupando en torno a ella a cuarenta organizaciones sociales, que se configuran como plataforma para poner en práctica los contenidos de la Carta. La Carta surge con la intención de dar respuesta a la situación desde posiciones no paternalsitas ni asistencialistas, sino desde la perspectiva del derecho a la alimentación, y orientada por principios de soberanía alimentaria”.
La Ley de Garantía del Derecho a la Alimentación, que ahora se presenta en Asamblea recoge los planteamientos de Carta contra el Hambre, entre otros, crear un fondo de emergencia alimentaria para toda la comunidad autónoma y planes municipales de “mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”. La plataforma proponía a su vez medidas concretas, como “la creación de un tarjeta individual monetaria, el incremento de la plantilla municipal para agilizar las gestiones de la Renta Mínima de Inserción y del servicio complementario de acceso a la alimentación; la apertura de centros municipales de cultura alimentaria y la promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social”. Para lograrlo, la propuesta legislativa establece que los municipios asignen, por ley, la financiación necesaria para garantizar ese derecho a la alimentación.
“Con la Ley aprobada, será necesario hacer un seguimiento de su cumplimiento, poner en marcha el Observatorio de Madrid previsto en la ley, y diseñar y proponer la puesta en marcha de los Centros de Cultura Alimentaria, también previstos en la ley” explica González Parada. Para las organizaciones sociales, “ la ley supondría un avance jurídico y formal sobre el que sustentar políticas” pero aunque la ILM no se aprobara, los Ayuntamientos pueden seguir avanzando, “desarrollando estrategias alimentarias, de acuerdo al pacto de Milán (como es el caso de Madrid), o con “tareas como el Observatorio o los Centros Municipales de Cultura Alimentaria que pueden ponerse en marcha ya”.
El derecho a la alimentación ocupa la agenda política de otoño
Junto a la presentación de la ILM, otros actos destacados dan cuenta del creciente protagonismo del derecho a la alimentación en la agenda política:
El 25 de septiembre, se presentó el Observatorio Derecho a la Alimentación, promovido en un principio por la Universidad de Barcelona, la Universidad de Oviedo y la Universidad Politécnica de Madrid y que ya aglutina a más de treinta instituciones académicas y cuenta con la colaboración de varias entidades sociales. El Observatorio busca promover iniciativas de investigación multidisciplinar que puedan incidir en las políticas públicas y que garanticen la exigibilidad del derecho a la alimentación adecuada y temáticas relacionadas, así como favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo entre instituciones académicas, parlamentos, sociedad civil, organismos internacionales, con el fin de garantizar una alimentación para toda persona de manera justa, sostenible, equitativa y saludable.
A finales de octubre, los días 29 y 30, se celebra la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, una iniciativa conjunta de las Cortes Generales de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. La Cumbre da continuidad al trabajo que viene realizando la Cooperación Española y la FAO desde 2006, y pretende avanzar en el compromiso político a nivel internacional para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero”, identificar e intercambiar experiencias políticas, legislaciones y buenas prácticas que resulten fundamentales para la lucha contra el hambre y la malnutrición y construir una red de alianzas parlamentarias que contribuyan al logro del ODS2.
No terminan aquí los actos institucionales. En el II Foro Mundial de las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, el derecho a la alimentación también tendrá un espacio.