Las falsificaciones suponen unas pérdidas vinculadas a esta industria, cada año, de 6.766 millones de euros y de 53.467 empleos. El comercio de Madrid pierde anualmente 157 millones de euros por las falsificaciones, que suponen un fraude de 13.270 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea.
El gobierno municipal tiene claro que combatiendo la venta ilegal se combate a las mafias que se lucran explotando a los vendedores, y ha fijado como uno de los objetivos de la Policía Municipal la lucha contra estas mafias.
Por eso, en distintos momentos del presente mandato, se han puesto en marcha diferentes Planes de Acción Preferente sobre la venta ambulante ilegal en el distrito Centro (donde se concentra la mayoría de esta venta y ante su incremento). Todo ello sustentado en la aprobación de una Instrucción para una clara actuación por parte de los agentes, dado que está prohibida en la ciudad la venta ambulante fuera de los lugares y fechas autorizados.
Por ello, cuando cualquier policía municipal observe en algún punto de la ciudad que se están produciendo estas ventas ha de proceder a intervenir de forma inmediata.
Así, la Policía Municipal de Madrid ha desarrollado diferentes operaciones contra la distribución de artículos falsificados. Un ejemplo es la llevada a cabo en el barrio de Lavapiés, en la que es solo en una semana se detuvo a cinco personas en tres operaciones diferentes, interviniendo más de 8300 artículos falsificados de marcas como Louis Vuitton, Gucci, Adidas, Cartier, Bulgari o Tous, además de material deportivo falso de los principales equipos de las ligas de fútbol española e inglesa.
Se quieren corregir así situaciones de ocupación de la vía pública que dificultan el tránsito peatonal; la competencia desleal y el perjuicio económico en los comerciantes que crean empleo y pagan sus impuestos; y dar respuesta a las quejas vecinales de los barrios que sufren estas ventas y al incumplimiento de la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual. Estas ventas ilegales suponen un perjuicio a nivel de salud pública, económico y de seguridad ciudadana.