El portavoz socialista en Economía y Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, en la Comisión del área del mes de noviembre, se ha interesado por las características financieras y el futuro de Madrid Calle 30, S.A.
El concejal se pregunta por qué el Ayuntamiento paga 125 millones de euros si mantener la M-30 solo cuesta 37 millones. “Una quinta parte es para el mantenimiento de la carretera y su entorno, pero Madrid Calle 30 no realiza esta tarea, sino que está subcontrata a Emesa, es decir, a ACS y Ferrovial”, ha explicado.
Emesa concedió un crédito a Madrid Calle 30 de 15 millones, a un interés del 5,5%, muy por encima del de mercado, lo que implica que Emesa se embolsa entre 6 y 7 millones de euros en intereses. “Además, como Emesa es accionista de Madrid Calle 30, se lleva un 20% de los dividendos”, añade Pérez Boga. Y, como Madrid Calle 30 tiene beneficios, paga entre 17 y 20 millones al año de impuesto de sociedades.
Como conclusión, el edil del PSOE plantea que “la sangría económica indica que el gobierno municipal debería disolver esta empresa lo antes posible y negociar una indemnización justa”.
Por otra parte, Pérez Boga ha preguntado por el incremento previsto en la recaudación por infracciones, cómo va a conseguirse ese aumento y por qué razón el porcentaje de recaudación es tan bajo. Entiende que “el objetivo de las multas debe ser la movilidad y no la recaudación”, señala la poca eficiencia del Ayuntamiento para cobrar las multas y se pregunta “por qué no se hace un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria para mejorar este aspecto”.
Emesa concedió un crédito a Madrid Calle 30 de 15 millones, a un interés del 5,5%, muy por encima del de mercado, lo que implica que Emesa se embolsa entre 6 y 7 millones de euros en intereses. “Además, como Emesa es accionista de Madrid Calle 30, se lleva un 20% de los dividendos”, añade Pérez Boga. Y, como Madrid Calle 30 tiene beneficios, paga entre 17 y 20 millones al año de impuesto de sociedades.
Como conclusión, el edil del PSOE plantea que “la sangría económica indica que el gobierno municipal debería disolver esta empresa lo antes posible y negociar una indemnización justa”.
Por otra parte, Pérez Boga ha preguntado por el incremento previsto en la recaudación por infracciones, cómo va a conseguirse ese aumento y por qué razón el porcentaje de recaudación es tan bajo. Entiende que “el objetivo de las multas debe ser la movilidad y no la recaudación”, señala la poca eficiencia del Ayuntamiento para cobrar las multas y se pregunta “por qué no se hace un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria para mejorar este aspecto”.