Hace poco el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción contraria a la Disposición Adicional 27 en proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se advertía en esa moción que, de aprobarse, sería prácticamente imposible recuperar la gestión de servicios públicos. Y es que la disposición limita la incorporación de personal laboral al sector público. Sería, por ejemplo, muy difícil que el Ayuntamiento pudiese encargarse directamente de la gestión de una piscina municipal que esté ahora en manos privadas.

Explicamos algunos conceptos que tienen que ver con este asunto.

Disposición adicional

En las leyes (pero también en otras normas jurídicas como los decretos-legislativos o los reglamentos) suelen incluirse en la parte final una serie de disposiciones adicionales al articulado de esa norma. En el caso que nos ocupa, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, hay 114 disposiciones adicionales. Pueden consultarse aquí (PDF).

Subrogaciones

Subrogar significa sustituir. En el caso de las subrogaciones laborales, se trata de sustituir a una entidad por otra en la prestación de un servicio determinado sin afectar a la relación laboral de las personas que trabajan en ese servicio. Al término de un contrato, el personal de la empresa adjudicataria saliente pasa a formar parte de la nueva adjudicataria con los mismos derechos y obligaciones que tenía antes.

Cuando el Ayuntamiento inicia los trámites para asumir de forma directa un servicio municipal que hasta ese momento estaba en manos de una empresa privada, por ejemplo la gestión de los cementerios, es importante garantizar la estabilidad laboral mediante la subrogación. De esta manera los trabajadores y trabajadoras contratados por esa empresa privada pueden mantener sus empleos y seguir desempeñando las funciones que ya conocen.

Las entidades locales cuentan con un margen muy pequeño de maniobra en el ámbito de la subrogación. No pueden legislar al respecto, ni pueden sustituir la voluntad de las partes en los convenios colectivos. Esto significa que no pueden hacer subrogaciones cuándo y cómo consideren oportuno, sino que dependen del convenio colectivo existente en cada caso.

Principio de autonomía

Este es el artículo 140 de la Constitución Española:

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Gestión directa, remunicipalizaciones, internalizaciones

Se trata de actuaciones desarrolladas por un Ayuntamiento con el fin de recuperar la gestión directa de un servicio público. Supone, por lo tanto, pasar de una gestión indirecta (puede ser una concesión, una sociedad mercantil mixta, etc) del servicio a una gestión directa. En el caso de que estos servicios pasen a gestionarse directamente por una empresa municipal, se trata de una internalización.

Es lo que ha ocurrido recientemente con la Empresa Funeraria Municipal de Madrid. Y también con varios aparcamientos: los de la calle Montalbán y la Plaza de España, que ahora gestiona la EMT.